La impunidad se hace patente dentro de la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de México, donde el elemento del Ministerio Público, Juan Carlos González Hernández, solicitará a un juez que autorice una sentencia que significaría su libertad en cinco años en contra del homicida de Alberto Mancillas, quien fue ultimado en el municipio de Tultitlán, Estado de México, a manos de un sujeto, quien disparó en su contra frente a su familia y fue quien inició el proceso de investigación relacionado a la masacre LeBarón.

En una publicación a través de sus redes sociales, el activista Adrián LeBarón explicó que “su muerte no solo me arrebató a un amigo, sino también me arrebató la verdad y la posibilidad de encontrarle justicia a mi hija y a mi hijo”, además de que se hizo un llamado a la justicia social. “Mi familia merece justicia. Alberto merece justicia y no voy a dejar de exigirla”.

Asimismo, compartió un video del ataque armado en el que perdió la vida Mancillas, en donde se puede ver el momento en el que, de forma cobarde, fue atacado frente a sus hijos pequeños, a quienes se les niega su calidad de víctimas desde las instituciones del Estado.

“Mañana el Ministerio Público Juan Carlos González Hernández, adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de México, solicitará a un juez que autorice una sentencia que, de concretarse en esos términos, nos dejaría con la sensación de que matar sale barato en México”, sentenció LeBarón.

Enfatizó que “¿cómo se le pide a un padre que acepte, después de ver cómo mataban a su papá, el hombre que lo hizo lo que podría recuperar su libertad mientras ellos tendrán que vivir para siempre con esa ausencia?”.

El caso exhibe la profunda complicidad del sistema de justicia. El ataque quedó grabado y el agresor fue detenido en flagrancia; pedir solo cinco años de prisión no refleja falta de pruebas, sino una evidente voluntad de impunidad.

Minimizar este crimen envía un claro mensaje intimidatorio a quienes buscan la verdad. A esto se suma la crueldad de la Fiscalía, que revictimiza a los hijos de Alberto al negarles su estatus legal de víctimas y su derecho a reparación.