La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se pronunció sobre la situación del exfiscal del estado y detalló el estado del proceso que lleva la Fiscalía estatal.

Recordó que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad federal para tratar el asunto del operativo de El Pinal, anunció la creación de una Unidad Especializada en la Fiscalía del Estado para garantizar transparencia y claridad a los chihuahuenses. El acuerdo que la creó le otorgó el mandato expreso de "investigar y analizar la posible comisión de delitos o faltas graves por parte de personas servidoras públicas y deslindar responsabilidades", en coordinación con todos los órdenes de gobierno.

En ese momento, dijo, su gobierno se comprometió a no emitir pronunciamientos mientras la investigación estuviera en curso. Esa investigación concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por los delitos del fuero común que los hechos acreditan.

La Fiscalía del Estado, señaló, hizo lo que le corresponde e informó oportunamente el estado del proceso, mientras que la determinación corresponde al Poder Judicial. Sostuvo que la cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley y a través de los conductos institucionales.

Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la República judicializó una causa distinta en el ámbito de su competencia, de acuerdo con sus propias investigaciones, y que Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación requiera en el marco de la ley. Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio del cargo, la Fiscalía estatal actuará en su ámbito de competencia y aportará a la autoridad federal la información que requiera.

"Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni persigue a nadie", afirmó.

Finalmente, aseguró que su administración seguirá combatiendo al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, con la mayor colaboración y cooperación posible con el Gobierno de México y con los socios estratégicos, siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de Chihuahua.