La Secretaría de Economía abrió una nueva vía para atraer inversiones automotrices a México. Mediante una exención temporal del arancel de 10% a la importación de kits de componentes para ensamblar vehículos, el gobierno busca que las armadoras instalen nuevas líneas de producción en el país. La medida llega a una industria que no registra anuncios de nuevas plantas de vehículos ligeros desde 2015, cuando Toyota anunció su fábrica en Guanajuato.

El decreto, publicado el 13 de octubre, permite a los fabricantes que cumplan los requisitos importar componentes para ensamblar automóviles bajo los esquemas Semi Knocked Down (SKD) y Completely Knocked Down (CKD). La dependencia justifica el cambio por las restricciones al comercio internacional, que, según su argumento, obligan a replantear los modelos de producción para mantener la competitividad global de la industria automotriz establecida en México.

El ensamble bajo estos esquemas no es nuevo en el país. Eric Ramírez, director de la consultora Urban Science, explica que México ya utilizó ambos modelos en la primera mitad del siglo pasado, antes de establecer requisitos para desarrollar la industria nacional de autopartes en 1962. Entonces, el presidente Adolfo López Mateos publicó el Primer Decreto Automotriz y estableció requisitos para impulsar la fabricación local de componentes: prohibió la importación de kits para ensamble y exigió que al menos 60% de las partes se desarrollara en el país.

Esa política industrial llevó a las armadoras a incorporar componentes fabricados en México. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el enfoque pasó del contenido nacional al contenido regional, de modo que las armadoras pudieran integrar piezas fabricadas en México, Estados Unidos y Canadá. La industria desarrolló así una red de proveedores repartida entre empresas especializadas: los Tier 3 suministran materiales y piezas básicas; los Tier 2 los transforman en componentes o subconjuntos, y los Tier 1 integran sistemas y módulos que entregan directamente a las armadoras.

Ese modelo favoreció que las empresas desarrollen capacidades de manufactura, ingeniería y diseño en México, además de generar inversiones entre distintos niveles de la cadena. Con el tiempo dio lugar a una red de más de 2,000 plantas de autopartes que hoy generan 880,000 empleos, alrededor de 41% del empleo del sector automotor, una proporción ocho veces mayor que la de las plantas armadoras, según el informe Diálogos con la Industria Automotriz, elaborado por las cuatro asociaciones que representan al sector.

Con los kits importados, en cambio, una parte importante del trabajo industrial ya se realizó fuera del país. La diferencia entre SKD y CKD está en el grado de desmontaje con el que llegan los vehículos y en las operaciones que se realizan en el país de destino. En el SKD los vehículos llegan parcialmente desmontados o divididos en subconjuntos previamente ensamblados, y en la planta se integran esos módulos para completar las unidades. El CKD implica recibir los vehículos completamente desmontados, con piezas que deben ensamblarse localmente.

La Secretaría de Economía justificó la medida por la necesidad de preservar empleos, fortalecer la competitividad de México como destino de inversión y favorecer la relocalización de líneas de producción desde otros países. Señaló que su vigencia será de cinco años, periodo razonable para el ajuste de procesos productivos de ensamble hacia otros más complejos.

El beneficio estará limitado a los 11 fabricantes de vehículos ligeros con instalaciones productivas en México: BMW, Stellantis, Honda, Mazda, Nissan, Toyota, Kia, Ford, General Motors, Volkswagen y Giant Motors Latinoamérica, que ensambla los vehículos de JAC. Para acceder a estos esquemas, las empresas deberán contar con autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación de vehículos, obtener permisos previos de la Secretaría de Economía y cumplir los lineamientos que emita la dependencia. Las importaciones también estarán sujetas a controles del Servicio de Administración Tributaria y de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Entre los requisitos previstos está reportar los números de identificación vehicular de las unidades ensambladas con componentes importados y proporcionar información que permita rastrear las piezas para evitar que se deshuesen e inunden el mercado de refacciones. Además, los lineamientos establecerán volúmenes mínimos de producción de vehículos completos en México y límites a las importaciones de kits en proporción a esa fabricación.

Giant Motors Latinoamérica es actualmente la única empresa en México que utiliza el esquema SKD para ensamblar vehículos de la marca china JAC en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo. La compañía, en la que Carlos Slim participa como inversionista a través de Inbursa, ha ensamblado 100,000 unidades bajo este modelo. La planta produce 21 modelos de JAC de distintas categorías y tecnologías, incluidos vehículos de combustión interna y eléctricos.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, General Motors también incorporará este esquema para ensamblar los modelos Aveo y Groove en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, tras la reducción de la producción de los vehículos eléctricos que se fabrican en esa instalación, entre ellos Blazer EV, Equinox EV y Honda Prologue. La dependencia detalló que la automotriz relocalizará de China a México dos líneas de producción que iniciarán mediante el ensamble y a las que se agregará paulatinamente contenido local. Francisco Garza, CEO de General Motors en México, anunció en mayo pasado que el ensamble de Groove comenzará en 2027, seguido por el de Aveo, con una meta inicial de 80,000 unidades conjuntas durante el primer año de operaciones de ambos programas.

La Secretaría de Economía también señaló que las importaciones realizadas bajo la fracción arancelaria contemplada en el decreto representaron 0.01% del total de las importaciones automotrices en 2025, proporción que aumentará hacia 2030 conforme las empresas incrementen la producción bajo este esquema. El reto de la nueva política será que las empresas sustituyan gradualmente los componentes importados desde China por piezas fabricadas en México.